Proyecto Ramón Llull
Proyecto Ramón Llull
Este proyecto esta promovido por la Universidad de Alicante con la colaboración de la Asociación de notarios de España
Este proyecto esta promovido por la Universidad de Alicante con la colaboración de la Asociación de notarios de España
Antecedentes
El legislador es cada vez más consciente de la necesidad de dotar de base gráfica a la información territorial habida cuenta de la seguridad que aporta al tráfico inmobiliario sobre todo en aquellos aspectos relativos a necesidades básicas del ser humano como es la vivienda y el asentamiento y que solo pueden ser garantizados mediante un sistema de información que evite la garantía mediante la reposición del valor en cambio o no distinga entre valor en uso y valor en cambio cuando la reposición del inmueble se efectúe in natura.
La calidad de la información territorial radica fundamentalmente en la prevalencia de la realidad sobre el contenido de la base de datos, de forma que ésta última, por falta de actualización o por carga de información no contrastada, pueda prevalecer sobre aquella. Sobre la base de que la información territorial se desdobla en dos niveles primarios estrechamente interconectados, la información física y la información jurídica, el requisito de autenticidad debe predicarse de los dos niveles.
En el nivel físico, la realidad de la información supone la necesidad de que la actualización de la base gráfica del Catastro se lleve a cabo mediante de la intervención de un técnico que actúe sobre el terreno, evitando mediciones apoyadas en cartografías no comprobadas.
En el nivel jurídico, la autenticidad de información requiere la necesidad de que los cambios pretendidos se adapten a la estructura prevista por el ordenamiento jurídico para la ordenación patrimonial de los bienes inmuebles, que se basa fundamentalmente en el principio de que ningún derecho puede ser transmitido sin el consentimiento de su titular, evitando situaciones jurídicas de indefensión. A su vez, la actualización de la información sigue una pauta secuencial determinada por los niveles en que está estructurada. En un primer momento se precisa la verificación de la información física para llevar a cabo, en una segunda etapa, la coordinación de la información física con la información jurídica siguiendo para ello las reglas y procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico.
La posibilidad de disponer de una sistema de información territorial apoyado en una base gráfica eficiente que permita el intercambio fluido de información de forma constante se ha convertido en una necesidad social de primer orden en los tiempos actuales, no sólo para las notarías, lo mismo ocurre para cualquier agente que intervenga en el proceso de información sobre inmuebles, desde el ciudadano interesado, las entidades locales, empresas de tasación, entidades financieras, registradores de la propiedad, empresas técnicas de actualización de datos catastrales, empresas gestoras de tributaciones y el propio Catastro.
Solución
La utilización del otorgamiento de la escritura pública como escenario para la realización efectiva de la actualización del Catastro supone de un lado, la posibilidad de incluir los costes de actualización en los propios costes de la transacción y del otro, que la intervención del Notario permita dar fehaciencia y seguridad a la información gráfica, coordinándola al mismo tiempo con la información jurídico-económica contenida en el instrumento público.
Asimismo, el Proyecto Ramón Llull incluye la posibilidad de incorporar, bajo las mismas condiciones, es decir, en el momento del otorgamiento de una escritura pública, la información relativa a los datos técnicos y económicos utilizados por los sistemas de tasación hipotecaria incorporando en este sentido una importante función de apoyo y control que incrementaría la seguridad y transparencia tanto de los mercados primarios como secundarios.
El Servidor de la aplicación Ramon Llull asegura la comunicación fluida con los servidores de información institucional, el intercambio efectivo de información y coordina, mediante acceso a un servidor específico de base de datos, la identificación de los distintos tipos de usuarios y los procesos de información o expedientes que se gestionan entre las distintas notarías.
Pero lo más significativo es hacer visible una información que para el ciudadano era totalmente “invisible”, salvo por la expresión en medidas de superficie que son relatadas en las escrituras. Ahora, el ciudadano se convierte en la parte interesada de subsanación de cualquier error, en el momento de otorgar escritura pública para cualquier alteración, además de acceder a la información gráfica de la Oficina Virtual de Catastro y contemplar sus propiedades tal como son en el SIGCA, con forma, superficie y posición exactas, con Ramon Llull podrá, desde una notaría o una entidad local, descargar la geometría de su parcela, hacer partícipe a un proyectista contratado al efecto y corregir dichos errores con el concurso de eficacia y rapidez que suponen las T.I.C.
El desarrollo de la incorporación de la información gráfica al documento jurídico ha sido previsto por el Proyecto Ramon Llull de forma gradual y constante. De esta forma se obtienen las siguientes utilidades añadidas:
Al coincidir la actualización o modificación gráfica con el otorgamiento de la escritura pública, ya que esta forma constará de forma fehaciente el consentimiento de los titulares afectados por la alteración evitando que se produzcan posibles situaciones de indefensión o de modificaciones de inmuebles efectuadas a espaldas del titular o sin su consentimiento.
La función de la escritura pública como instrumento para la obtención de los datos necesarios para estructurar la información jurídica de los sistemas de información territorial permite la coordinación de la información gráfica con la información jurídica. De esta forma se puede conseguir un perfecto solapamiento y concordancia entre la información gráfica y la información alfanumérica, especialmente la jurídica, sin que se produzcan antinomias entra ambos tipos de información.
Al incorporar los datos gráficos al contenido del instrumento público, la actualización de las bases gráficas se produce de forma constante y permanente, sin necesidad de la utilización masiva de datos gráficos ya que la actualización se produce de forma puntual.
Desde un punto de vista económico, la integración de la información geográfica en el seno del contrato o negocio jurídico permite la absorción de los gastos que ésta pudiera ocasionar dentro de los producidos por éste, evitando su duplicación.
La coordinación del contenido de la escritura pública con la información de la base de datos geográfica supone un flujo de circulación que seguiría una distinta dirección atendiendo al momento que se produzca:
Antes del otorgamiento de la escritura pública, se produciría una descarga de los datos de la base de datos geográfica a fin de actualizar el contenido de la escritura pública.
Después del otorgamiento de la escritura pública tendría lugar una recarga de los nuevos datos contenidos en la escritura pública en la base de datos geográfica.
De esta forma se produce un flujo permanente de intercambio de circulación entre la escritura pública y la base de datos geográfica.
Ramón LLull
La aplicación da solución a casos que se dan en dos tipos de expediente de Catastro, el correspondiente al expediente 903N:
· Agregación / Agrupación
· Segregación
· División parcelaria
· Deslinde
Y por otro lado, el correspondiente al expediente 902N:
· Obra Nueva
· División horizontal
Proyecto Ramón Llull